Argumentos para la ilegalización de los partidos nacionalistas catalanes

Mucho se especula sobre la posible ilegalización de los partidos independentistas catalanes. Un importante número de expertos piensan que la actual Ley de Partidos Políticos (LPP) no ampara esta posibilidad. Para ello se esgrime como principal motivo que las actividades llevadas a cabo por estos partidos no encaja en las conductas que la norma específicamente prevé cómo ilícitas.

Pues bien, mi opinión es contraria a esta conclusión. A mí modo de ver y con base en los argumentos que más adelante se exponen, los partidos nacionalistas catalanes pueden ser ilegalizados, puesto que el listado de conductas reprobables contenido en la LPP resulta meramente ejemplificativo. La verdadera actuación antijurídica radica en la vulneración grave y continuada de los valores democráticos que sustentan nuestra estado de derecho. Se trata más de un problema de voluntad política que de imposibilidad jurídica.

El texto que prosigue son unos meros apuntes o líneas argumentales necesitadas de mayor desarrollo. Y como tal ha de ser leído. Un punto de partida, pero no por ello carente de interés. Ánimo a todos a leerlo y realizar las críticas que estimen pertinentes.

1.- Los partidos políticos con fines independentistas no son ilegales.

La exposición de motivos de la LPP es clara al reconocer la posibilidad de crear partidos políticos cuyo fin último sea la independencia de España:

“La presente Ley, sin embargo, a diferencia de otros ordenamientos, parte de considerar que cualquier proyecto u objetivo se entiende compatible con la Constitución, siempre y cuando no se defienda mediante una actividad que vulnere los principios democráticos o los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

En principio esta regulación no es contraria a las previsiones constitucionales, ya que el art. 6 CE, donde se consagra la los partidos políticos como una de las bases institucionales del Estado, se refiere a estos en los siguientes términos:

“Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular”

2.- Que los partidos independentistas puedan tomar legítimamente parte en el juego político no implica que puedan llevar a cabo cualquier actuación para la consecución de sus fines.

En este sentido se expresa el art. 9 LPP cuando dispone que “Deberán respetar en las mismas los valores constitucionales, expresados en los principios democráticos y en los derechos humanos”.

De este modo, dado que el respeto a los valores constitucionales es premisa esencial en su actividad, el mismo artículo sanciona con la ilegalización la vulneración de tales principios.Para ello dispone en su apartado segundo que “Un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante alguna de las siguientes conductas, realizadas de forma reiterada y grave (…)”.

Esta previsión genera, en mi opinión, muchas dudas interpretativas, pero vamos a centrarnos en dos, que son las que nos atañen:

a) ¿El listado de conductas que pueden dar lugar a la declaración de ilegalidad del partido político es cerrado o abierto?

En mi opinión es abierto. En primer lugar, porque de la propia letra de la norma así se deduce. Tras declarar con carácter general que la vulneración de los principios democráticos dará lugar a la declaración de ilegalidad del partido político de que se trate, utiliza la expresión “particularmente”, dando a entender que hay otras posibles conductas sancionables, además de las expresamente previstas.

En segundo lugar, porque la previsión de unas concretas conductas responde a las inquietudes existentes en el momento histórico en el que fue dictada la norma. Y a principios del S. XXI el gran desafío independentista lo protagonizaba el País Vasco con la violencia de ETA y el Plan Ibarretxe. Pues bien, con la promulgación de la LPP (años 2002) se pretendió, en mi opinión, poner solución a ambos problemas. Por un lado, cualquier partido político que apoyara abiertamente la violencia de ETA sería declarado ilegal. Supuesto en el que encajan las conductas expresamente catalogadas en el art. 9LPP. Por otro, el plan Ibarretxe si rompía con los cauces previstos legalmente y vulneraba los principios democráticos, podría dar lugar a la declaración de ilegalidad del PNV. La única salida que les quedó a los vascos fue intentar colar sus aspiraciones secesionistas en forma de estatuto de autonomía, que, por supuesto, fue rechazado en el Parlamento.

Por último, pero no menos importante, porque una interpretación restrictiva del alcance del precepto implicaría su inconstitucionalidad. Si la norma legal limitase las conductas susceptibles de implicar la ilegalización de un partido a las expresamente contempladas en el precepto, podría ser declarada inconstitucional, puesto que la regulación resulta mucho más restrictiva que la prevista en el art. 6 CE, dedicado a los partidos políticos. La norma constitucional establece respecto a los partidos políticos que “su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley”.

Cuando dispone que el ejercicio de su actividad es libre dentro del respeto a la Constitución, no limita su licitud a la obediencia de determinados principios o derechos y mucho menos circunscribe su vulneración a la concurrencia de determinadas conductas como, por el contrario, sí hace la LPP. La CE exige acatamiento en términos muy amplios. Por lo que una regulación restrictiva a nivel de legalidad ordinaria implicaría una clara vulneración de la norma constitucional.

No desconozco que habrá quien diga que la referencia a la ley junto con la constitución en el artículo 6 podría entenderse como una delegación para que las cámaras determinen el alcance de esta expresión de forma autónoma. Sin embargo, cuando la CE ha querido ceder en otras materias esa labor al legislador parlamentario lo ha hecho expresamente. Como, por ejemplo lo hace respecto de los principios rectores de la política social y económica (art. 53.3 CE).

En mi opinión, la mención a la ley es, por un lado, una clara llamada para que se cree una ley de partidos políticos (cosa que se ha hecho) con pleno respeto al contenido de la constitución (extremo que me cuestiono) y, por otro lado, un recordatorio del sometimiento de los partidos políticos al imperio de la ley.

En fin, hay argumentos más que suficientes para mantener que una vulneración de los principios democráticos daría lugar a la ilegalización del partido político que así actuara, al margen de que su conducta fuera reconducible a alguno de los tipos expresamente previstos en el precepto.

b) ¿Qué ha de entenderse por principios democráticos?

Importante pregunta, ya que se trata de una expresión que no aparece definida ni en la CE ni en ningún texto legal y que, dado su falta de positivización, genera una gran inseguridad jurídica.

Una primera aproximación para perfilar su contenido podría consistir en analizar las conductas consideradas inaceptables por LPP para tratar de descubrir cuáles son los valores, intereses, bienes, derechos (llámese como se quiera) que se pretenden tutelar. Pero esta labor, ha resultado infructuosa o, si se prefiere, poco útil, ya que los diferentes apartados del precepto (el 2 y el 3) se centran en describir la conducta sin incidir significativamente en el interés vulnerado, así basta citar como ejemplos el art. 9.2.a que cita “las libertades y derechos fundamentales”; el art. 9.2.b. que utiliza las expresiones “la democracia”, “pluralismo y libertades políticas”; o el art. 9.2.c que habla muy genéricamente del “orden constitucional” o “la paz pública”.

Pues bien, ante la falta de referencia normativa clara, no creo que sea discutible incluir entre los valores o principios democráticos las premisas básicas sobre la configuración del Estado Español contenidas en el título preliminar de la CE. Y entre los elementos configuradores esenciales cabe citar el art. 1.2 en el que se declara que “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” y el art. 2, según el cual La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas."

Aceptando que estás directrices constitucionales forman parte de los principios democráticos, es claro que lactuación de un partido político que conculque cualquiera de estos dos mandatos podría generar su ilegalización.

Principios básicos, que por razones obvias, han sido vulnerados por la forma de actuar por los partidos políticos nacionalistas desde las instituciones públicas.

  1. ¿Cualquier vulneración de los principios democráticos por un partido político sería susceptible de motivar su ilegalización?

En principio no, ya que la LPP exige para que se inicie el procedimiento de ilegalización que “de forma reiterada y grave su actividad vulnere los principios democráticos o persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante las conductas a que se refiere el artículo 9” (art. 10 LPP).

El precepto exige que la vulneración sea reiterada y grave, exigencias que resultan razonables si se tiene en cuenta que el resultado de este procedimiento implica expulsar del juego democrático a un partido político. Ahora bien, el problema nuevamente está en determinar que ha de entenderse por reiteración y gravedad. Y por muchos elementos o criterios que a nivel dogmático puedan darse para identificar su concurrencia (y los hay de sobra), lo cierto es que habrá que estar a que los partidos políticos (únicos que tienen la llave para iniciar el procedimiento del ilegalización de previsto en el LPP, art. 11) reconozcan la concurrencia del tales circunstancias. Lo mismito que pasa con el art. 155 CE.

  1. La pregunta que queda por hacer y responder ¿los partidos nacionalistas catalanes han vulnerado de forma grave y reiterada los principios democráticos?

De los datos expuestos y la experiencia, saquen ustedes sus conclusiones.

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O la garantía de que España, como Estado-Nación moderno y democrático, mantendría intacta su integridad territorial, cerrando el paso a cualquier opción política en cuyo programa electoral figure la destrucción de la misma.
Me parecería una buena día dejar fuera de la Ley a los partidos separatistas (PNV, PDeCAT, ERC, Bildu) puesto que a estas alturas ellos son los primeros en admitir que no piensan respetarla. No soy jurista ni legislador pero entiendo que es como detener a un tipo que, aunque no haya matado a nadie, presume de que va a hacerlo y tiene en su casa un arsenal.

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¿Estás amenazando con una guerra civil? Como parece que estáis tan belicosos y tan sedientos de sangre, propia o ajena… Empezando por Kim (¿o es Quim?) “Torrao” (¿o es Torra?). Una preguntita: ¿por qué los separatistas, que os sentís tan superiores al resto de españoles, tenéis líderes tan feos y “lideresas” tan feas?
A esos dos millones de personas ya les importa un comino la Ley: sólo quieren imponer de forma unilateral y antidemocrática su voluntad. Habrá que explicaros que el primer mandamiento democrático es el respeto absoluto y escrupuloso a la Ley, a los cauces que ésta establece y a las sentencias judiciales. En cuanto esos dos millones de personas lo entiendan será el primer paso para “desprogramaros” del lavado de cerebro que os llevan haciendo desde 1980, con la llegada del golfo impresentable de Jordi Pujol a la Generalidad.

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No entraré a discutir una posición u otra, ya que estos temas nunca llegan a buen puerto y cada uno tiene su propia opinión difícil de cambiar. Si que diré, que veo imprescindible que si una gran parte de la población tiene una idea (sea independencia o cualquier otra) pueda verse representada por uno o varios partidos. Es más, creo que es básico.

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A ver, yo quiero ser multimillonaria y, mientras me mueva dentro de la legalidad, puedo hacer lo que crea conveniente para conseguirlo. Pero si robo, daño los intereses de otras personas, lo normal es que me paren los pies ¿no?

Repito: nuestro ordenamiento jurídico permite la existencia de partidos nacionalistas, pero deben actuar dentro de la legalidad. De lo contrario es normal que se les expulse ¿O es que ellos son más que tú o cualquier otro español?

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Cuando no hay argumentos, la violencia suele ser la respuesta.

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Y a veces ganan los violentos, no sería la primera ni la última vez

:ylosabes:

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¿¿Dentro de la legalidad??? Pues nos quedamos sin partidos entonces Pp,psoe, podemos aparte de los nacionalistas, a ciudadanos aún no le ha dado tiempo pero ya llegará.Aqui no va a funcionar ilegalizar nada esto es imparable mientras siga el lavado de cerebro continuo en la educación. Si el censo fueran chavales de 13 a 20 años sacarían un 80-90% de votos los independentistas.

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1.- El partido que actúe mal que la pagué.
2.- Que yo sepa, cuando han habido pruebas se ha abierto causa penal y han sido juzgados y condenados (de hecho, que Sánchez esté en el Gobierno es consecuencia de ello).
3.- No se trata de una mera conducta delictiva de naturaleza patrimonial, se trata de una actuación que ataca las bases de nuestra comunidad poniendo en peligro su integridad e, incluso, continuidad.
4.- Si hay causa para ilegalizar los partidos nacionalistas ¿Por qué no se actúa? ¿es que los partidos nacionalistas tienen bula?
5.- Pues si hay que evitar que los nacionalistas sigan emponzoñando la realidad con sus mentiras, el primer paso es sacarlos de las instituciones y que no se sientan intocables. Ya no podrán manejar, por ejemplo, la educación o actuar como bisagra en las Cortes.

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Yo creo que se mezcla todo pero lo más básico es que es una puta farsa iniciada por el Puyol y algún otro con pasta, mucha pasta y poder. Los únicos con ideales independentistas o no independentistas son los borregos, todo lo demás es money. Si ven que pueden generar más money y poder ilegalizando esos partidos, lo harán, sino no.

Y los de Atresmedia no se si andan metidos o chupan del bote más que nadie del teatrillo…

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En España ya se ilegalizo un partido político que era el brazo político de ETA y no pasó nada.

En España se cerró un medio de comunicación, El Alcázar tras el golpe de estado del 23F y no pasó nada.

La ilegalización de los partidos nacionalistas desde el BNG, pasando por el PNV, PDCatos y terminando por Bildus, ERCs, etc sería una necesidad.

Borrar del mapa el PSOE y Podemos sería también necesario.

El último paso es la modificación de la ley electoral para que este tipo de basura no tenga ni posibilidades de aparecer.

Por último paso el cierre de todas las televisión del estado en especial TV3,y la no renovación de las licencias de las dos privadas.